En buena hora, la Confederación Colombiana de Consumidores y las Centrales Obreras suscribieron el compromiso solemne de trabajar, conjuntamente, en beneficio de la comunidad.

Este formidable proceso nos ratifica, cada vez con mayor fuerza, que nuestra unión es indispensable para ponerle coto a las acciones inescrupulosas que, diariamente, emprenden los abusadores del poder económico, en contra de los derechos de la gente.

Por estas razones, recibimos con alborozo las 28 propuestas que la Confederación General del Trabajo puso a consideración del país, como una contribución de valor inestimable para aliviar las grandes cargas que vienen soportando los colombianos -hoy más pesadas- como consecuencia de la crisis económica mundial. Estas iniciativas, de gran calado, son, en un apretado resumen, las siguientes:

• Recurrir a la emisión primaria de dinero para financiar proyectos específicos que generen de manera inmediata la utilización intensiva de mano de obra.
• Ajustar proporcionalmente el valor de los combustibles, de acuerdo con los menores precios registrados en el mercado internacional, para evitar que la elevación periódica de las tarifas del transporte, encarezcan, de manera arbitraria, el precio de las mercaderías.
• Renegociar de la deuda pública externa mediante la concertación de plazos e intereses menos onerosos.
• Buscar que las entidades financieras manejen sus utilidades inspiradas en el principio moral universal, de que el capital debe cumplir una “función social”.
• Aliviar las condiciones que rigen para los préstamos adquiridos por los empresarios del campo.
• Darle un vuelco a la política establecida para la prestación de los servicios públicos, respetando la capacidad económica de los usuarios y eliminando el “cargo fijo” que encarece la liquidación de las cuentas respectivas. (Constitución Nacional “Art. 365.: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional…”).
• Establecer “zonas productoras de paz en las regiones más afectadas por la violencia”. Dotarlas de una infraestructura física y social idónea. Facilitar el acceso a la tierra mediante el otorgamiento de créditos blandos. Realizar las campañas de capacitación necesarias. Prestar la asistencia técnica correspondiente. Implantar sistemas de mercadeo eficaces. Y erradicar la acción perturbadora de intermediarios, no necesarios, que afectan gravemente los intereses económicos de productores y consumidores.
• Poner en marcha programas de estímulo al sector turístico con enfoque social, integrando los componentes ambientales, culturales y de desarrollo local que sean pertinentes.
• Entregar a campesinos, indígenas y afrodescendientes con vocación de propietarios, predios incautados al narcotráfico, acompañados de un plan integral de estímulos.
• Aplicar estrategias novedosas para lograr la repatriación de capitales destinados a incentivar el desarrollo regional y la generación de empleo.

Para aliviar las cargas ningún esfuerzo es tardío. Y toda iniciativa es bien venida. Ojalá, Dios provea los unos y las otras.

Noticia de la Semana

Los consumidores, sus derechos y las cortinas de humo

“La sociedad del dinero y de la explotación nunca ha sido acusada de asegurar el triunfo de la libertad y de la justicia”: Albert Camus

Por: Ariel Armel Arenas

En buena hora, el Congreso de Colombia ha decidido acometer el reto de impulsar el proyecto de ley número 121/07 originario del Senado y 210/08 de la Cámara de Representantes, “por medio del cual se instrumenta la cultura y generación de espacios libres de humo”, iniciativa trascendental que, como es apenas obvio esperarlo, está conquistando el respaldo decidido de cada organización, hombre y mujer comprometidos con el bienestar de la comunidad y la preservación de la salubridad pública.

Valga la pena recordar, entonces, que las Asociaciones de Consumidores han sido instituidas para velar por la protección y defensa de sus derechos y, específicamente entre otras razones, para trabajar por la erradicación de toda clase de prácticas que atenten contra la salud de las personas, objetivos fundamentales consagrados en normas perentorias de carácter internacional, lo mismo que en la Constitución y Leyes de la República.

No más elementos tóxicos y sustancias contaminantes que envilezcan la atmósfera y pongan en peligro la vida humana y de toda criatura que habite sobre la faz de la tierra.

Para alcanzar este propósito vital, es preciso actuar solidariamente y con ahínco para que Colombia sea, en verdad, un estado social de derecho que garantice, a cada quien, la prevalencia de sus prerrogativas esenciales y todos los habitantes del territorio nacional puedan alcanzar “el milagro” de respirar aire puro, “espacios libres de humo.

Pero, los consumidores también son víctimas permanentes de las cortinas de humo que se tienden alrededor de sus derechos, sin que hasta ahora haya aparecido ningún poder institucional o humano real que acabe con ellas.

Cortinas de humo, como aquellas que enturbian el escenario nacional y no permiten que la Constitución imponga su poder institucional soberano, sobre la fuerza descomunal del capitalismo salvaje. Veamos algunos casos patéticos:

1. La que permite la proliferación del consumo de sustancias que envenenan, verbigracia, el cigarrillo y los licores, porque su consumo le procura jugosos ingresos a las arcas del Estado.
2. Cortina de humo como la que se tendió alrededor de la norma constitucional que le ordena al Estado asegurar a todos los habitantes del territorio nacional la prestación eficiente de los servicios públicos, con la creación de las llamadas comisiones de regulación.
3. Cortinas de humo a cuyo amparo se extravían en los municipios cuantiosos recursos decretados para que la comunidad pueda consumir agua potable.

Para que se desvanezcan todas las cortinas de humo -de cualquier clase que ellas sean- que oscurecen el panorama colombiano, pongamos a regir, por lo tanto, con vehemencia, tozudamente y a plenitud el principio magistral expuesto por el brillante jurista español Luis Legaz Lacambra, quien mientras vivió, solía repetir con insistencia estoica que: “el derecho sirve para la vida, o, no sirve para nada”.

Boletín del Consumidor

Nuestra Gente

MI JUDICATURA EN LA CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CONSUMIDORES

Por: Carolina Ortiz Blanco

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