La Confederación Colombiana de Consumidores orgullosamente le informa a todos sus usuarios que a partir del jueves 12 de Abril de 2012 entró en vigencia el Nuevo Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, la cual mejora la regulación y protección de los consumidores frente proveedores y productores de bienes y servicios, y les permite de una manera más eficaz, hacer efectivos sus derechos y poder disfrutar de forma tranquila todas las posibilidades que le brindan las actuales relaciones de consumo, de manera que sientan que no serán engañados, ni sus derechos serán violentados.

Así mismo, queremos informarles que esta ley aplica para todas las relaciones de consumo que se realicen a partir del 12 de Abril de 2012, es decir, regula las compras de bienes y servicios que se realicen a partir de esa fecha; por lo tanto, si usted realizó una compra con anterioridad, su relación de consumo estará regulada por el estatuto anterior, es decir, el Decreto 3466 de 1982.

Para mayor información puede consultar esta normatividad en la sección "Legislación". O si lo desea comuníquese con nuestros teléfonos, o a través de nuestra página web, sección "Contáctenos" y con gusto solucionaremos todas sus inquietudes.

“la ley tiene por objeto impedir que los fuertes impongan su voluntad”

La nueva Ley que actualiza el Estatuto del Consumidor colombiano, aprobado hace treinta años, rescata hoy con todos sus penachos la honrosa condición de ser la norma de su género, más moderna y progresista, dentro del concierto internacional.

Su objeto es el de regular los derechos y obligaciones que surgen entre los productores, los proveedores y los consumidores, así como la responsabilidad que tienen, frente a los consumidores, quienes les producen, distribuyen o prestan sus bienes y servicios.

La Ley tiene, además, como propósito “proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos.

Protege a los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad y les garantiza el acceso pleno a una información adecuada, que les permita hacer elecciones de consumo libremente y bien fundamentadas.